El panorama presentado por el PSOE sobre la financiación a Ceuta bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque inicialmente positivo, requiere un análisis más crítico y profundo que revele la realidad tras las cifras.
Es cierto que Ceuta ha recibido 60 millones de euros más en los últimos seis años en comparación con los años del Gobierno de Rajoy. Sin embargo, esta cifra se traduce en apenas 10 millones adicionales por año. Cabe destacar que una gran parte de esta financiación proviene de la ley de compensación del IPSI, aprobada durante el mandato de Aznar, y de la evolución del IPC, factores que el Gobierno de Sánchez simplemente ha continuado sin aportar innovaciones sustanciales.
Asimismo, los fondos Covid y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) no son exclusivos de Ceuta, sino que han sido distribuidos por toda España y Europa respectivamente. La mención de estos fondos como un logro específico del Gobierno de Sánchez para Ceuta es, por lo tanto, engañosa y distorsiona la percepción real de su gestión.
En términos de inversión directa del Estado en Ceuta, en estos seis años solo se puede destacar el ambulatorio del Tarajal, cuya contratación fue realizada por el Gobierno de Rajoy. Las prometidas mejoras en infraestructuras como el Brull, la frontera inteligente, la remodelación de la N-352, la nueva comandancia de la Guardia Civil, la Jefatura Superior de Policía o la base única militar siguen sin materializarse. Esto evidencia una notable falta de compromiso y ejecución por parte del Gobierno actual.
Además, hay áreas críticas que continúan desatendidas:
• La construcción de 90 viviendas en Loma Colmenar sigue sin avance.
• El número de médicos sigue siendo insuficiente para una atención sanitaria adecuada.
• El plan estratégico económico aún no se ha cumplido.
• Las mejoras prometidas al Régimen Económico y Fiscal (REF) siguen sin concretarse.
Las infraestructuras cruciales como carreteras y costas también han sido ignoradas. La construcción de la Virgen del Carmen está paralizada por falta de autorización, reflejando una grave ineficiencia en la gestión.
Al PSOE debería producirle sonrojo hablar en estos términos, considerando las carencias que tiene Ceuta en cuestiones como la sanidad, la inestabilidad para las empresas con las bonificaciones a la seguridad social, el nulo interés por la educación, el empleo juvenil, la creación de nuevas viviendas o las falsas promesas como la frontera comercial.
Menos lobos, Caperucita. La obligación de un gobierno es trabajar por el país, y Ceuta es una parte fundamental con problemas que, salvo Melilla, no tienen parangón en el resto de España.
La singularidad de Ceuta no es una concesión especial del Gobierno de Sánchez, sino una obligación debida a sus condicionantes estructurales y la presión fronteriza. La solidaridad interterritorial y la igualdad de todos los españoles, independientemente de dónde vivan, son principios constitucionales que deben ser respetados y no utilizados como herramientas de propaganda política.
Ceuta necesita menos propaganda y más gestión efectiva. La ciudad merece un compromiso real y tangible en vez de meras declaraciones y promesas incumplidas. Es hora de que el Gobierno de Sánchez pase de las palabras a los hechos y cumpla con sus obligaciones de manera concreta y transparente.
Es significativo notar que el Sr. Sánchez ha invertido más esfuerzo y recursos en Cataluña para mantener su posición en la Moncloa, a través de concesiones y pactos políticos, que en solucionar los problemas estructurales y de desarrollo que enfrenta Ceuta. Esta diferencia en el trato resalta la priorización política del Gobierno, evidenciando una gestión más orientada a la permanencia en el poder que al desarrollo equitativo de todas las regiones del país.