La portavoz de Bildu en el Congreso anunciaba en la jornada de este jueves el acuerdo de su grupo con el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Un acuerdo que, entre otras cuestiones, recoge el fin del uso de las pelotas de goma por parte de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la rebaja de las sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobeciencia, y una tercera cuestión que afecta, de forma directa, a Ceuta y Melilla: presentar en un plazo de seis meses una reforma de Lay de Extranjería que permita poner fin a las devoluciones en caliente o rechazos en frontera.
Así, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno del PSOE y Bildu establece que en el plazo máximo de seis meses debe incluirse una nueva disposición adicional de la Ley de Extranjería para establecer como criterios “el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión”. Además, señala que la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión.
Una modificación de la Ley de Extranjería que, en cualquier caso, debería pasar por el Congreso para ser aprobada y la experiencia reciente, precisamente en la reforma de esa Ley de Extranjería, no ha sido demasiado halagüeña para el Gobierno de Sánchez. Como recordaran, la misma no llegaba ni a admitirse a trámite el pasado mes de julio, cuando lo que se pretendía era establecer un mecanismo de reparto de los menores extranjeros no acompañados de forma automática. Entonces, el Gobierno se topaba de frente con el rechazo de uno de sus socios: Junts per Catalunya. Es por ello que el acuerdo alcanzado con Bildu requerirá ahora que el Gobierno de la Nación negocie con el resto de sus socios de Gobierno, sin que en este momento esté garantizado que pueda aprobar dicha modificación.
El Partido Popular, por su parte, ya ha anunciado su oposición a este acuerdo alcanzado con Bildu.
