Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha propuesto al Gobierno de la Nación, y específicamente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la creación de una mesa de negociación con el objetivo de revisar el plus de residencia. Este plus es una indemnización que perciben los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública y de algunos sectores privados en Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, debido a la condición de residencia en estas áreas.
El sindicato busca que el plus de residencia sea equitativo entre los diferentes grupos profesionales y que lo reciban todas las personas trabajadoras de la ciudad, independientemente de su sector o empresa. CCOO denuncia que en el sector privado se observa una situación injusta y discriminatoria, ya que no todas las empresas pagan este plus a sus empleados. Esta situación se agrava en empresas con convenios de ámbito estatal o específicos que no incluyen la obligatoriedad de abonar este concepto.
En el sector público, CCOO destaca la necesidad de una revisión y equiparación salarial entre los distintos grupos profesionales. La desigualdad retributiva actual es consecuencia de años de abandono y desidia por parte de la Administración Central, que no ha actualizado la indemnización ni ha alcanzado acuerdos con los agentes sociales desde el último compromiso en 2008.
El secretario general de CCOO de Ceuta, Emilio Postigo, ha trasladado esta problemática en varias ocasiones a la Confederación Sindical. En respuesta, el secretario confederal de Organización y Extensión Sindical, Agustín Martín, anunció durante su visita a Ceuta en mayo que el sindicato incorporará el plus de residencia a las reivindicaciones en la negociación de los convenios colectivos.
CCOO también señala que la negativa a abonar el plus de residencia se da incluso en empresas privadas que trabajan para la Administración. Por este motivo, el sindicato pide que los pliegos de condiciones de las contrataciones públicas incluyan la obligatoriedad de pagar este concepto. Además, CCOO considera que blindar este plus y su inclusión en el Estatuto de los Trabajadores garantizaría su cumplimiento, eliminando así la discriminación entre los trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas.
