Han pasado 13 años desde su inauguración y entrada en funcionamiento pero la Escuela de la Construcción sita en el Polígono de Loma Margarita sigue sin la licencia de actividad preceptiva, que aún está tramitando la Consejería de Fomento. Así lo ha confirmado este martes José Diestro, el gerente de Procesa, -la Sociedad de Desarrollo municipal que hace uso del espacio- a pregunta de este medio. El responsable ha mostrado a la vez su perplejidad por que el área de quien depende no haya sido capaz de regularizar una edificación de su titularidad, que recibió fondos europeos y que ahora se pretende ampliar: "Esa pregunta la podría hacer yo también", respondió consultado por los motivos de esta demora.
El caso de la instalación es paradigmático de la gestión de la Consejería, a cargo de Alejandro Ramírez, a la que le crecen los enanos en forma de problemas derivados de su acción o inacción. Más de una década después, la Escuela no cuenta con el permiso para albergar actividad en su interior. Mientras desde la dirección General que dirige Aurora Visiedo se prioriza enviar a agentes municipales a contar sillas y mesas de las terrazas de determinados negocios hosteleros.
Cabe preguntarse ¿cuántos programas de fondos europeos se han ejecutado en estos 13 años en la Escuela sin que estuviera legalizada?, y si se puede esperar que un negocio privado cualquiera sea capaz de regularizar su actividad cuando Fomento ha sido incapaz en 13 años de conceder licencia a un edificio por el que pasan cientos de personas cada semana.
Diestro trató durante su comparecencia de restarle importancia al asunto asegurando que existen "numerosos seguros e informes" que servirían para responder en caso de que llegara a darse una desgracia. "No es una cuestión de seguridad, es una cuestión puramente urbanística", apostilló.
Detalló además el gerente de Procesa que la idea es que la licencia llegue ahora para el conjunto de la Escuela, incluyendo la ampliación que se realizará con alrededor de un millón y medio de euros de fondos continentales en la parcela adyacente: "La nueva escuela será mucho mas grande, ofrecerá mucha más capacidad y ese proyecto es para el que se está tramitando la licencia de actividad", indicó.
Fomento contra algunos bares
Todavía se desconoce por tanto cuando llegará la legalización de un espacio de la Ciudad que lleva 13 años operando sin el permiso necesario. Sin embargo, sí son públicas y notorias otras prioridades de la Consejería de Fomento.
La principal en las últimas semanas, enviar a agentes de la Policía Local a revisar las terrazas de algunos hosteleros para ver si el número de sillas y mesas se ajusta a la licencia. Un asunto de gran calado para la dirección de Visiedo, que sin embargo no ha actuado contra otro negocio del mismo sector que ha recibido numerosas quejas y al que acudió coincidentemente como cliente uno de los mandos del cuerpo municipal.
El consejero Ramírez dijo la pasada semana desconocer el caso y afirmó que si la cuestión llegara a su área se trataría como "cualquier otra denuncia".
Mandando derribar otras construcciones ilegales
El Consejo de Gobierno a iniciativa de Fomento ha ordenado este martes la demolición de obras ilegales en la barriada de Los Rosales número 26 y restitución de la zona usurpada al dominio público, con un plazo para ejecutar la actuación de manera voluntaria.
Si transcurrido el periodo dado no se ha realizado, la Ciudad llevará a cabo la ejecución de manera subsidiaria, repercutiendo posteriormente su coste al propietario (inicialmente está presupuestada la demolición en 15.000 euros más IPSI).
Igualmente, se ha acordado la demolición de obras incompatibles con la legalidad urbanística en la calle Francisco Pascual Andreu, en los mismos términos, ordenando un plazo para la demolición voluntaria y si transcurrido el cual no se hubieran realizado, se ejecutará una actuación de oficio, repercutiendo el coste de los trabajos (estimados en unos 16.000 euros) a los propietarios.
Con independencia de ello, la Consejería procede igualmente a incoar los correspondientes expedientes sancionadores por la infracción urbanística cometida.
