La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dirigido una carta a los consejeros de Igualdad de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, con el propósito de acelerar la regulación del procedimiento para conceder ayudas económicas a víctimas de violencia sexual. La ministra ha subrayado la necesidad de hacer efectivas estas ayudas "lo antes posible" para garantizar la autonomía económica y facilitar la recuperación integral de las víctimas.
Las ayudas están contempladas en la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual (LOGILS) y reguladas por el Real Decreto aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros, publicado en el BOE el 10 de julio. La competencia para la regulación y ejecución de estas ayudas recae en las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Para recibir las ayudas, las víctimas deben cumplir dos requisitos esenciales: acreditar su condición de víctima de violencia sexual y demostrar insuficiencia de medios económicos. La acreditación puede ser obtenida a través de una sentencia condenatoria, una orden de protección, cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar, un informe del Ministerio Fiscal, o informes de los servicios sociales, especializados en igualdad y contra la violencia de género, servicios de acogida, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, o una sentencia de la jurisdicción de lo social.
Además, para las víctimas de trata, bastará con una acreditación de los servicios públicos encargados de su atención integral. En el caso de menores de edad, se aceptarán documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial como prueba.
La ministra Redondo también ha anunciado la creación de un Grupo de Trabajo con el objetivo de elaborar y diseñar una propuesta de acuerdo que incluya los medios acreditativos, la cual será sometida a aprobación en la Conferencia Sectorial de Igualdad.
En cuanto a la situación de vulnerabilidad económica, el umbral de renta para beneficiarse de las ayudas será equivalente a seis mensualidades del subsidio por desempleo, con posibilidad de aumento según las responsabilidades familiares o situación de discapacidad de la víctima. Las ayudas se abonarán en un pago único o en seis mensualidades, y las víctimas dispondrán de un periodo de cinco años para solicitarlas, con la posibilidad de hacerlo en varias ocasiones si se vuelve a ser víctima de violencia sexual.
El coste de estas ayudas será asumido por el Estado, que reembolsará a las comunidades autónomas, responsables de la tramitación y el abono de las mismas a las víctimas. Esta medida pretende asegurar que ninguna víctima de violencia sexual quede desprotegida económicamente y que pueda acceder a los recursos necesarios para su recuperación y reintegración en la sociedad.
