La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha instado al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, a convocar de manera urgente la Mesa General de Negociación. Esta petición llega tras un mes de su nombramiento al frente del Ministerio y en respuesta a la falta de avances en las cuestiones prioritarias que afectan a los empleados públicos.
El ministro López compareció recientemente en el Congreso de los Diputados para presentar las líneas de actuación de su departamento, pero, según CSIF, no abordó las políticas relacionadas con la Función Pública. Ante esta omisión, el sindicato ha reclamado que se inicie, sin más dilación, la negociación de temas pendientes que deben resolverse antes de que termine el año.
Entre las demandas más destacadas del sindicato se encuentran:
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Nuevo acuerdo salarial: CSIF exige la renegociación de un acuerdo retributivo, ya que el actual finaliza en diciembre. Según el sindicato, los empleados públicos han perdido un 5% de su poder adquisitivo desde la firma del acuerdo con CCOO y UGT, y hasta un 20% desde los recortes salariales de 2010.
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Recuperación de la estructura salarial previa a 2010: CSIF busca la restitución de la paga extra íntegra y ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional tras el rechazo de una iniciativa legislativa popular en el Congreso.
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Eliminación de la tasa de reposición: El sindicato propone eliminar esta limitación para facilitar una mayor oferta de empleo público a partir de 2025.
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Finalización del plan de estabilización del personal interino: La regularización de plazas debe completarse antes de finalizar el año, y las convocatorias, que afectan a miles de trabajadores, llevan un retraso significativo.
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Reducción de la jornada laboral a 35 horas, junto con la implementación de la carrera profesional y el teletrabajo en todas las administraciones.
Además, CSIF también demanda mejoras en las condiciones de jubilación, la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas y garantías para la continuidad del mutualismo administrativo con una financiación adecuada.
Ante la falta de respuesta, el sindicato advierte que, de no atenderse estas peticiones, tomará medidas de presión y no descarta movilizaciones para defender los derechos de los empleados públicos.
