La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha presentado este lunes su informe sobre la situación de estas personas en España y en el mismo las ciudades de Ceuta y Melilla han vuelto a convertirse en protagonistas ante algunas de las prácticas llevadas a cabo en las mismas respecto a las personas migrantes.
El informe señala que un año más, los CETI de ambas ciudades tuvieron que acoger a muchas más personas de las que su capacidad puede soportar y que continuaron practicándose las denominadas “devoluciones en caliente” de personas interptadas en el perímetro fronterizo aunque en territorio español. Una práctica que desde la entidad han recordado que “es absolutamente ilegal, como señalo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia del 3 de octubre del pasado año”.
Así mismo, han continuado desde la entidad, a pesar de la jurisprudencia de los últimos años, durante 2017 ha persistido la prohibición de que las personas solicitantes de protección internacional pudieran trasladarse a la península tras la adminisión a trámite de su solicitud, mientras que la misma jurisprudencia existente ha servido de apoyo en reivindicaciones por la libertad de movimiento en las islas griegas, donde miles de solicitantes de asilo se encuentran atrapados.
Por todo ello, entre sus reivindicaciones, CEAR subraya la necesidad de suprimir las restricciones a la libertad de circulación de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla y los criterios discreccionales y discriminatorios para realizar traslados a la península, así como la necesidad del cese de las devoluciones ilegales de personas que llegan a las fronteras españolas.
