El conflicto comienza con un acuerdo firmado en 2009 entre sindicatos y Gobierno para reactivar la economía, mediante deducciones fiscales del 50%.
Serán los tribunales los que dictaminen la corrección o falta de ella en el proceder de varias empresas públicas. Comisiones Obreras ha señalado que recurrieron a la justicia tras la negativa al dialogo por parte del Gobierno.
Un punto de debate es la consideración de las empresas municipales como de carácter público o privado en lo relativo a la forma de tributar.
El sindicato también denuncia falta de dialogo en otras cuestiones que afectan a empresas públicas, como el caso de las demandas de reconocimiento de superior categoría que se han dado debido a jubilaciones sin reposición de plazas.
Comisiones ha indicado que la Administración se niega a la negociación y no reconoce estas categorías en el personal.
