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Lunes, 19 de febrero de 2018
Juanjo Coronado
Viernes, 26 de enero de 2018
CASO EMVICESA

La Audiencia Provincial fija una fianza de 300.000 euros a Antonio López

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La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha fijado en 300.000 la fianza que tendrá que abonar el ex viceconsejero de Vivienda, Antonio López, para abandonar momentáneamente la prisión de El Puerto de Santa María, en la que se encuentra desde hace casi un año. Sin embargo, fuentes de su entorno ven difícil que el ex gerente de EMVICESA pueda reunir esa cantidad al tener todo su patrimonio embargado

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La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha admitido, parcialmente, uno de los recursos planteados por el abogado de Antonio López, ex viceconsejero de Vivienda, contra la encarcelación de su defendido. López podrá salir en libertad, si, pero para ello tendrá que hacer frente a un pago de 300.000 euros que en ahora mismo se escapa de las posibilidades económicas de quien fuera gerente de EMVICESA. Esto último se afirma desde su entorno más cercano; consideran que no pueden pagar, de momento, al tener López todo su patrimonio y cuentas corrientes embargados. No obstante, según han confirmado a Ceuta Televisión estas fuentes, se tratará de reunir el dinero, aunque se da por hecho que es una misión complicada. Es posible, por tanto, que López permanezca aún algunas semanas más en El Puerto de Santa María.

 

 

Otro de los problemas de López con su patrimonio podría venir, precisamente, ante una hipotética condena en un eventual juicio. Si la sentencia, al margen de a privación de libertad le condenara a una multa económica, el ex viceconsejero no podría hacer frente al pago si no se le levanta previamente el embargo trabajaba el letrado José María Calero, encargado de la defensa de López

 

 

En el auto, emitido a última hora de la tarde del viernes, se considera que “es preciso buscar un equilibrio entre esa función de la fianza que supone establecer para el imputado un freno a cualquier estímulo de sustraerse a la acción de la justicia y un criterio basado en el principio de proporcionalidad que impide establecer cantidades claramente inasequibles que conviertan esa posibilidad de esperar en libertad la celebración del juicio en una hipótesis inalcanzable”.

 

La Sala estima parcialmente el recurso“modificando la situación personal del recurrente en el sentido de fijar una fianza carcelaria de 300.000 euros, que junto a otras cautelas menos gravosas que la privación de libertad, como la retirada del pasaporte, así como las presentaciones que se dirán en el órgano judicial competente, entendemos que neutralizarían el riesgo de fuga que aún persiste”.

 
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