El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía lo tiene claro: los recursos asignados para luchar contra la violencia de género no se están utilizando para sus fines. Es por ello, que ha requerido a la consejera de Asuntos Sociales que explique qué acciones se están tomando para que puedan volver a emplearse para ellos. Una afirmación que ha recibido una respuesta contundente por parte, precisamente, de la consejera que ha insistido en que no es cierta, ya que a día de hoy la Ciudad cuetna con una casa de emergencia, una casa de acogida y dos pisos tutelados, de los que uno se encuentra "ocupado" y ya se trabaja en el expediente de desocupación.
Esta respuesta ha dado opción a MDYC a entrar en el fondo del asunto. La formación ha negado que el piso se ocupara, recordando que fue el propio Gobierno el que abrió la puerta del mismo a una familia en el momento más crítico de la pandemia, en marzo de 2020. Sin embargo, más de año y medio después la situación no se ha resuelto, todo ello a pesar de que el pasado mes de agosto la formación ya hiciera una denuncia pública sobre esta cuestión.
El principal problema, han explicado desde MDYC, es que esta situación está afectando a las víctimas, tal y como recogen informes oficiales, ya que los últimos ingresos se han tenido que realizar en hostales donde estas mujeres no cuentan con los recursos de atención ni de seguridad necesarios en estos casos. Igualmente, la ocupación del piso impide que se prorrogue el contrato suscrito de atención a las víctimas, porque, en estos momentos, no se cuenta con recursos idénticos al momento en que se suscribió. Ante esta situación, desde MDYC se ha requerido la asunción de responsabilidades porque actos como estos, ha insistido, deben tener consecuencias.
Unas afirmaciones que no han sentado nada bien a la consejera de Asuntos Sociales que, pese a reconocer el error que supuso alojar a una familia en ese recurso, ha acusado a MDYC de fomentar que las víctimas no denuncien y se queden en casa con su maltratador al indicar que no existen recursos para atenderlas. Algo que ha negado rotundamente, señalando que todas las víctimas están atendidas y protegidas.
