El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha fijado la fecha para el fallo del recurso de apelación presentado por el acusado Alberto Díaz para el próximo 14 de septiembre de 2023. El caso ha estado en el centro de la atención pública debido a los argumentos esgrimidos por la defensa y los denunciantes en relación con la vulneración de derechos fundamentales.
Los motivos del recurso del ex profesor acusado se centran en la presunta vulneración del derecho fundamental a un procedimiento con todas las garantías, al honor y a la intimidad personal. Particularmente, se cuestiona la legalidad de la autorización judicial para llevar a cabo registros en dispositivos de almacenamiento masivo de información. La defensa argumenta que la autorización judicial inicial para el registro fue revocada, lo que supuso una violación de sus derechos fundamentales.
Por su parte, los padres denunciantes presentaron alegaciones de oposición en el caso. Consideran que la autorización judicial para el registro era legal y que los datos e información obtenidos son fundamentales para esclarecer los hechos denunciados. Los padres sostienen que la intervención de los dispositivos de almacenamiento masivo de información fue necesaria para recopilar pruebas y proteger los derechos de los menores involucrados.
El caso ha sido objeto de debate público debido a la delicada naturaleza de los hechos denunciados, que involucran a menores de edad. La discusión sobre la protección de derechos fundamentales y la necesidad de llevar a cabo investigaciones penales centra este recurso.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha reasignado la ponencia al Magistrado Rafael García Laraña en el recurso de apelación presentado por el ex docente acusado que será objeto de deliberación y fallo el próximo 14 de septiembre de 2023.
Motivos de la apelación:
- Vulneración del derecho a un procedimiento con todas las garantías, al honor y a la intimidad personal: La defensa del acusado argumenta que la autorización judicial inicial para llevar a cabo registros en dispositivos de almacenamiento masivo fue revocada, lo que supuso una violación de sus derechos fundamentales. Sostienen que la investigación se realizó sin las garantías necesarias, afectando su honor e intimidad.
Argumentos de los padres denunciantes:
- Necesidad de obtener pruebas: Los padres denunciantes argumentan que la autorización judicial para el registro era legal y necesaria para recopilar pruebas en el caso de supuestos delitos contra menores de edad. Consideran que los dispositivos de almacenamiento masivo contenían información relevante para esclarecer los hechos denunciados y proteger los derechos de los menores involucrados.
- Protección de los derechos de los menores: Los denunciantes sostienen que la intervención de los dispositivos fue crucial para salvaguardar los derechos de los menores afectados. Consideran que la gravedad de los hechos denunciados y la presunta implicación de menores hacían necesaria la investigación y recopilación de pruebas para garantizar la protección de los derechos de los más vulnerables.
El contraste entre los motivos del acusado y los argumentos de los padres denunciantes muestra la complejidad del caso.
