No ha habido discrepancias, todos los agentes sociales están en el mismo barco. Así se desprende de la reunión constitutiva del grupo técnico de trabajo en el marco de la Mesa por el Diálogo Social en el que se pretenden analizar los males que el nuevo sistema de bonificaciones a la Seguridad Social genera para la economía de Ceuta, sus empresas y sus trabajadores.
Un grupo de trabajo auspiciado por la Ciudad Autónoma y que ha contado con la presencia de la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, pero también con la de representantes del SEPE y la Seguridad Social en nuestra ciudad que, en palabras del secretario general de Comisiones Obreras, han acudido para “escuchar” y recoger las preguntas que se han planteado tanto por parte de sindicatos como de empresarios respecto a algunas dudas respecto al nuevo decreto, unas preguntas que elevarán a Madrid porque “ellos tampoco tienen respuesta”.
Así, a la salida, tanto los representantes de los sindicatos como los de los empresarios han puesto sobre la mesa el consenso alcanzado por todas las partes. La primera medida, han explicado, pasa por la elaboración de un informe técnico en el que se recogerán todos los inconvenientes del nuevo sistema y que se elevará al Gobierno que surja en los próximos meses, puesto que ahora, con un Gobierno en funciones, es imposible que se tome ningún tipo de medidas.
Así, el secretario general de CCOO, Emilio Postigo, ha subrayado que “si tenemos en cuenta que el Plan Estratégico buscaba fórmulas para que hubiera más negocio en Ceuta, esto hace todo lo contrario”, de ahí que se vaya a exigir la derogación del actual sistema y el retorno al anterior. En la misma línea se ha manifestado el representante de la CECE en esta cita, Juan Manuel Parrado, que ha insistido en que el nuevo sistema “no se puede aplicar, el nivel de exclusiones lo hace imposible”. Exclusiones como la imposibilidad de bonificar contratos de familiares hasta segundo grado (en una ciudad en la que las empresas familiares, sobretodo en el comercio, están a la orden del día) o a trabajadores que cambien de empresa, a quienes se exige pasar al menos tres meses en el paro para poder ser bonificados, impidiendo la movilidad laboral y el progreso de los mismos.
Los primeros datos, los estos 15 días de septiembre, son “desesperanzadores”. Y es que, ha explicado Antonio Barranco, representante de la Cámara de Comercio en la cita, “hay que derogar la norma porque es inaplicable”, “en los contratos nuevos que se han efectuado, la bonificación es 0”.
Tanto es así que la reunión ha culminado con una declaración de unidad “sin fisuras” ante un nuevo sistema que es “un atentado contra la seguridad jurídica” y un precedente tan malo “que asusta a cualquier inversor”.
Una vez elabora el documento técnico y con el nuevo Gobierno funcionando, se enviará al ministerio de trabajo y si no se tienen en cuenta las reivindicaciones de los agentes sociales ceutíes “se plantean movilizaciones contundentes”. Unas movilizaciones para las que también habrá consenso entre los agentes sociales porque “nadie hará nada sin el consenso del resto, lo haremos todo de forma unánime” ha subrayado el representante de la Cámara de Comercio.
