Los trabajadores de Hércules se han vuelto a concentrar, en esta ocasión frente al Palacio Autonómico. Con consignas como "Queremos cobrar" y "Sinvergüenzas", un grupo de empleadas mostraban así la situación en que se encuentran. Una situación que es "dramática", según cuenta Claudia González, secretaria de Acción Sindical de CCOO. "Lo que no se puede vivir es con préstamos de familiares o amigos. Aquí hay gente que ha sufrido cortes de luz, de teléfono y que vive a diario con la incertidumbre de no saber si van a cobrar o cuando", expresó la sindicalista.
González desveló, también, que "ayer se puso en contacto el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, con el secretario general de CCOO, Emilio Postigo, para informarle de la situación. Se supone que por parte de Intervención se estaban reteniendo 28.000 euros aproximadamente y estaban a la espera de otros 18.000 euros y con eso iban a empezar a hacer los pagos a los trabajadores. Si que es cierto que el órgano de Contratación está estudiando una prohibición expresa de contratar con esta empresa, pero es un trámite más largo. Lo que importa es que haya una fecha para cobrar, y esperamos que sea a la mayor brevedad posible, porque la situación es dramática" Respecto a si se mantendrán las medidas de protesta "estamos en contacto permanente con la plantilla y, por tanto, serán los trabajadores los que decidan si hay, o no, concentración a diaria. Eso si, según el presidente de la Ciudad Autónoma, se pagará con independencia de que haya o no concentraciones".
Sobre el escenario una vez que se prohiba toda contratación con Hércules, "deberían sacar un pliego de condiciones nuevo, salir a concurso público y normalmente los pliegos de la Ciudad Autónoma suelen incluir la subrogación del personal. Algo a lo que vamos a estar muy atentos por parte de CCOO, ya que aquí hay gente con muchos años de antiguedad y que ha tenido problemas con las dos últimas empresas adjudicatarias".
Sin embargo, la situación de impagos "no es nueva". Pero ¿qué hacer para que se repita en un futuro?. "Para evitar que esto vuelva a suceder, es necesario que las claúsulas sociales que no se cumplan sean un motivo de penalización a la empresa o, incluso, se le pueda rescindir el servicio. Para esto último se necesita un informe del Consejo de Estado lo que dilata mucho el proceso en el tiempo. La ley es garantista, sobre todo con las empresas: nosotros no tenemos nada en contra de ello, si se trata de empresas que cumplen con sus obligaciones, como no es el caso de esta".
La prohibición también afectaría al servicio de limpieza de la Antigua Estación del Ferrocarril, deduce González. "Se entiende que debería ser una prohibición de todos los servicios y contratos". Eso si "la empresa no sólo tiene adjudicada la limpieza del ICD; también tiene contratos con Delegación del Gobierno y las áreas funcionales, como el SEPE y todos los trabajadores están en las mismas condiciones. La empresa se agarra a que la Ciudad Autónoma no paga pero ¿qué ocurre con Delegación del Gobierno y las áreas periféricas, con Andalucía o Melilla donde también tienen problemas de pago?. Las empresas que contratan con las administraciones tienen que saber que estas tienen unos periodos de pago de entre 30 y 90 días, y si no superan ese plazo no están incumpliendo. Sabes que vas a cobrar, pero igual algo tarde; eso lo sabe cualquier empresa que licite con una administración", concluyó.
