La consejera en funciones de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, ha comparecido este jueves ante el Juzgado para contestar por la denuncia penal interpuesta por su ex compañera, Susana Román, que le acusa de una supuesta falsedad en documento público e informar faltando a la verdad, al hilo de la instrucción del Caso Emvicesa, en la que participó como testigo tras hacerse cargo de la gerencia de la sociedad municipal tras el terremoto ocasionado en la misma por la detención de Antonio López, Rabea Mohamed, la propia Román y Mohamed Ali.
Según ha trasladado Susana Roman la testifical de Chandiramani ha seguido “el esquema” del recurso que a su vez ha presentado ante la Audiencia Provincial para el archivo de la denuncia. Esto es que no manipuló ningún documento y se limitó a trasladar al juzgado la información que le requería y que obraba en poder de Emvicesa y a trasladar la información que ella tenía, y que si bien pudo haber incurrido en errores o imprecisiones sería siempre sin mala fe ni por afán de manipular la verdad, habida cuenta del enorme escrutinio al que estaba sometida la causa, tanto en lo judicial como en lo mediático por la enorme repercusión social que tenían entonces.
Román enmarca la denuncia en su propia estrategia de defensa y da por bueno el resultado de la declaración de este jueves. “Quieras que no tener acreditado ante un juez que parte de la documentación que se aportó y de su testimonio puede contener errores a mí ya me vale, que diga ahora que pudo equivocarse”, ha explicado Román.
Román ha aprovechado su relato de la testifical de este jueves para combatir también otra de las tesis, que al parecer figuraría en el recurso de Chandiramani, que pasaría por defender que a lo largo de todo el proceso instructor nadie pareció darle importancia ni a su testimonio ni a la documentación aportada. Román señala que en su caso al menos sí que se señalaron esas inconcreciones “en el escrito de defensa” y que ya “en noviembre” cuando ordenaron todo la documentación para preparar el juicio comenzaron a ver “que había que dar un paso adelante” y presentar esta denuncia.
Román busca entre otras aclarar o más bien desmentir dos puntos que para su defensa resultarían claves. Por un lado su no pertenencia a la Comisión Local de la Vivienda cuando en febrero de 2012 se reunió para dar el visto bueno al Convenio con el Gobierno de la Nación que como “actuación singular” regularía la adjudicación de esas 600 viviendas públicas de Loma Colmenar. Ella no llegaría a ese órgano hasta mayo de ese mismo año para suceder al frente del mismo a su ya ex compañero, Guillermo Martínez, en su salida temporal de la política. De hecho Martínez era el miembro del Gobierno de la Ciudad con mayor responsabilidad entonces en esa Comisión, pero durante la instrucción del caso, tras regresar a la primera línea política, ocupaba un escaño en el Senado, lo que hubiera supuesto tener que dar traslado del caso al Supremo por su condición de aforado en el caso de involucrarle en la investigación.
Por otro lado, Román también señala a Chandiramani por aportar un reglamento de vivienda de 1998 que habría sido derogado en 2006, cuando precisamente ella, entonces en su primera etapa en el Gobierno, sí era miembro de la Comisión Local de la Vivienda. “Son cosas que van a caer por su propio peso porque están todas documentadas”, ha señalado Román.
Román es una del medio centenar de personas señaladas en la macrocausa de Emvicesa que celebrará su juicio oral en octubre y que acumula 250 años de prisión en las peticiones globales para los imputados.
