Divorcios extraños, hipotecas y ganaderas precoces: los peritos declaran en el macrojuicio

Salvo alguna intervención casi esporádica por parte del presidente de la Sala, Fernando Tesón, la jornada de este miércoles en cuanto al juicio que se está desarrollando en la Audiencia Provincial contra trece personas por su presunta pertenencia a una red de narcotráfico y blanqueo de capitales se ha convertido en un diálogo entre el fiscal, Leopoldo Sánchez, y dos peritos -principalmente uno- de la Guardia Civil. Y estos han centrado su intevención en varios puntos, sobre todo en torno a la familia a la que pertenecen seis de los acusados: la madre, sus cuatro hijos y una de las nueras, agente de la Policía Local.

Porque lo que si tienen claro los peritos, según han dicho ante la Audiencia, es que el divorcio entre esta mujer y el padre de sus tres hijos -uno de los dos prófugos de la Justicia- es, en la práctica, un montaje, pese a que la sociedad matrimonial está disuelta desde hace más de una década. Uno de los argumentos que da pie al perito a pensar esto "es que a la hora de la disolución, los dos se negaron a tasar los bienes. Ella se quedó con los inmuebles y el con las vehículos, saliendo ella claramente favorecida", lo que interpretan como parte de una "maraña" para proteger el patrimonio familiar. Más adelante "el teléfono tanto de el como de ella y los tres hijos del matrimonio siempre aparecen juntos en viajes a la Península, el de él está todo el tiempo en el domicilio conyugal. Hay llamadas en las que ella lo llama a el y le dice que está en tal planta, que baje o suba, o en las que ella incluso le dice que prepare la barbacoa para cenar"... Es más: "en el momento en que huye, en 2018, han transcurrido siete años desde el divorcio. Tiempo suficiente para haberse llevado del domicilio familiar su ropa, sus armas..."

También, durante años y a través de la cuenta corriente de ella, se hacen varias gestiones dinerarias tanto a favor de el como de algunos de sus hermanos. Incluso ella llega a soportar varias hipotecas, "inasumibles para la nómina de una compañera de la Policía Local de Ceuta", señalan los peritos.

En cuanto a su marido, "tenía unos ingresos declarados de 1.200 euros, al ser empleado de una sociedad municipal, OBIMASA", recuerda, pero al margen de eso figuraba como socio en otras dos empresas: una dedicada a la compraventa de vehículos y una tercera que supuestamente lo hacía a obras y reparaciones. "Esta última empresa, según nos consta, por no tener no tenía ni actividad" aunque si "pagaban los seguros sociales de gente sin oficio aparente", como uno de los supuestos socios en actividades de narcotráfico, dice el perito.

Tenían también una hamburguesería, que se puso a nombre del otro hermano prófugo, "y que generaba unos ingresos de 3.000 euros al mes, según le escuchamos en una conversación". El matrimonio llegó a adquirir una nave en el Polígono de El Tarajal por 80.000 euros, aproximadamente, "que pagó ella con un préstamo hipotecario y el con una transferencia de 20.000 euros".

En un momento del testimonio de los peritos, cobró especial importancia la figura de la madre de cuatro de los acusados, que también se sienta en el banquillo. "Ella era la que figuraba en varias cuentas con el cabecilla de la red -el marido de la agente- y como administradora de varias sociedades", como la constructora, de la que solo se conoce un movimiento: "una donación a una entidad llamada Amigos del Caballo con motivos solidarios".

Porque los equinos también han sido parte importante en el testimonio de esta mañana. En concreto uno: Zalamero. Un semental de pura raza, que vale "lo que quieran pagar por el" y que estaba puesto a  nombre de la hermana pequeña del cabecilla. Una mujer, también acusada, que "con once años tenía a su nombre un semental y con 18 una ganadería", aunque "nos consta perfectamente que era su hermano el que gestionaba" todo lo relacionado con estos animales.

También se habló de vehículos, "de un deportivo color champagne que F.J. -el cabecilla- tenía especial empeño en adquirir y que lo compró por 54.000 euros" o de una embarcación semirrígida que fue encontrada "entre ladrilos, en un anexo" a una de las viviendas intervenidas durante uno de los registros en 2018. Esta semirrígida "es imposible que se use para fines recreativos. Contaré una  anécdota: la Gaurdia Civil las ha reclamado durante muchos años, su uso. Lo tuvimos que desechar, porque el motor se recalienta, etc. No se me ocurre nada más incómodo para ir a pescar, poner las cañas y relajarse".