Arranca, con peticiones de nulidad, un macrojuicio por narcotrafico y blanqueo de capitales

Uno de los juicios más esperados del recién estrenado año judicial acaba de arrancar con las cuestiones previas. Se trata de la vista que enjuicia a trece personas, de las que varios son familiares y dos de ellas están huidas, por su presunta pertenencia a redes de narcotráfico y blanqueo de capitales. Entre los acusados, recordemos,  una agente de la Policía Local que el pasado verano ya ingresó brevemente en prisión tras ser sorprendida en la frontera de El Tarajal viniendo de Marruecos  y haber quebrantado la prohibición de abandonar el territorio nacional. 

Conviene, antes de entrar a valorar los hechos, recordar algunos parentescos familiares. La agente está divorciada de uno de los dos hermanos prófugos. La madre de ambos, y ex suegra de la primera, también se sienta en el banquillo de los acusados, como una de sus hijas. La otra también está acusada, pero una lamentable enfermedad la obligaba a declarar por videoconferencia. Precisamente, su estado de salud -con respiración artificial a la que tiene que estar conectada dieciséis horas diarias- ha motivado la primera de las cuestiones del juicio. La sala aceptaba la petición de una de las abogadas, Inmaculada Guil, para que a ella se la juzgue en el momento en que su situación de salud se lo permite. La letrada aportaba como pruebas numerosos informes médicos, así como un parte del Instittuto Nacional de Seguridad Social en el que se le atribuye una incapacidad total permanente. La sala admitió, como decíamos, esta petición mientras la mujer señalaba tener problemas para respirar, señalando encontrarse muy fatigada por la fuerte medicación, incluso experimental, que está recibiendo.

Una vez aclarada esta cuestión, siguieron las deliberaciones previas. Con dos tesis, la de los abogados -hasta siete- y la del fiscal, Leopoldo Sánchez Valencia. Los primeros pedían la libre absolución de sus defendidos, a través de la anulación del proceso, algo a lo que se oponía la acusación. Pero aunque pueda parecer de perogrullo, los argumentos expuestos por las partes dibujaban dos realidades casi paralelas.

La clave está en que un primer juicio quedó sin consecuencias para los acusados. Se enjuiciaba la labor de alguno de ellos, vinculada al narcotráfico, al habérseles detectado realizando actvidades de petaqueo. Es decir, suministrar petacas de gasolina a otras embarcaciones en alta mar. Ello fue antes de los registros domiciliarios. Según la tesis de los abogados -defendida por Jorge Gil Pacheco, a la que se fueron adhiriendo el resto de letrados- es posible que esa actividad sea ilegal en algún momento, pero aún no lo es, motivo por el que fueron absueltos dado que no se ha podido demostrar el delito de narcotráfico al que se hace alusión. Esta tesis sostiene que sin narcotráfico no es posible acreditar que haya organización criminal o blanqueo de capitales. Además, sostenían que se habían producido errores en la custodia de algunas pruebas, que se instaló un GPS en la embarcación propiedad de uno de los hermanos huídos y que se sometió a los implicados a una serie de escuchas que no aportaron nada. En todo caso, consideran los abogados, debe considerarse aquella sentencia como parte documental, pero no como prueba de carga, del juicio que ha comenzado hoy.

El fiscal señaló que, en efecto, se ha producido un error en el volcado de los datos, pero que el mismo advirtió en sendos escritos durante el pasado verano -el último, hace algo más de un mes- de esta circunstancia, ya resuelta con el volcado de los nuevos datos. Los indicios encontrados en la embarcación no solo se detenian en las petacas, sino también a la existencia de tarjetas satelitales o trajes de neopreno, además de reseñar que el GPS aún no se ha instalado, cuatro años después, en la embarcación. En el viaje que desató las sospechas, iban nueve personas. De estas, ocho con antecedentes penales por narcotráfico y en una de las salidas iba acompañado de otra embarcación. Esta guiada por una tercera persona, conocida por tener antecedentes y condenas por narcotráfico a gran escala. Y uno de los miembros de la tripulación de aquel viaje, tenía hasta once antecedentes penales, relató el fiscal. De hecho, no se produjeron más salidas porque "alguien, aún sin identificar, avisó" a uno de los acusados "de que cesaran en la actividad puesto que les estaban grabando", dijo.

Ya en los corrilllos, las sensaciones iban variando, en cada receso, por las distintas partes. Desde la posibilidad de que haya un acuerdo, hasta que los argumentos de la defensa queden rechazados. Las cuestiones previas seguirán esta tarde, y el juicio -salvo giro en los acontecimientos- todos los martes y jueves hasta mediados de noviembre, salvo pasado mañana.