EQUIPARACIÓN SALARIAL

El Senado aprueba incluir a policías nacionales, guardias civiles y agentes de Vigilancia Aduanera como profesiones de riesgo

Vehículo de la Guardia Civil / Archivo

En una sesión marcada por el debate sobre la equiparación salarial y las condiciones de jubilación de los cuerpos de seguridad del Estado, el Senado ha aprobado hoy una medida largamente esperada por los policías nacionales, guardias civiles y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. La medida, promovida por el Partido Popular, busca no solo reconocer el riesgo inherente a la labor policial, sino también corregir las inequidades económicas que han afectado históricamente a este sector.

El Pleno del Senado ha dado luz verde este miércoles a la inclusión de policías nacionales, guardias civiles y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo. La Proposición de Ley, presentada por el Partido Popular, ha obtenido un respaldo de 147 votos a favor, 103 en contra y 8 abstenciones.

La equiparación salarial entre estos cuerpos de seguridad y otras policías del Estado ha sido un tema recurrente. Aunque se aprobó en 2018, la realidad es que aún existen disparidades significativas. Por ejemplo, un agente de la Policía Nacional o la Guardia Civil puede percibir hasta un 30% menos que un ertzaina o un mosso, sin contar los extras.

Los datos revelan que un policía nacional tiene un salario base que oscila entre los 2.130 euros mensuales, mientras que un guardia civil ronda entre los 1.450 y 1.550 euros. En contraste, un mosso llega a percibir cerca de 2.600 euros y un miembro de la Ertzaintza unos 2.200 euros sin incluir los extras.

Esta disparidad también se refleja en la jubilación. En los últimos seis años, un policía nacional jubilado habría percibido hasta 70.000 euros menos que un mosso d’esquadra, lo que supone una diferencia considerable en los ingresos anuales.

La propuesta del Partido Popular también contempla la jubilación anticipada para estos profesionales, estableciendo una edad mínima de 60 años o de 59 en casos donde se acrediten 35 o más años de actividad efectiva y cotización. Sin embargo, para entrar en vigor, esta medida deberá ser refrendada por el Congreso de los Diputados.

 

En paralelo, el Defensor del Pueblo ha informado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha iniciado trámites para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.