El presidente del Comité de Empresa de Brigadas Verdes solicita el certificado del silencio administrativo
Mustafa Mohamed, presidente del Comité de Empresa de Brigadas Verdes, exige a la Secretaría General de la Ciudad que acredite el silencio administrativo respecto a la suspensión cautelar del acuerdo plenario sobre la municipalización del servicio de limpieza viaria
Mustafa Mohamed, presidente del Comité de Empresa de Brigadas Verdes, ha solicitado oficialmente a la Secretaría General de la Ciudad de Ceuta la expedición de un certificado que acredite el silencio administrativo respecto a la suspensión cautelar del acuerdo plenario sobre la municipalización del servicio de limpieza viaria y recogida domiciliaria de basura. Este movimiento se da tras su valoración de que el proceso de municipalización debe paralizarse debido a la falta de respuesta por parte de la administración.
El 11 de abril de 2024, Mohamed presentó un recurso de reposición ante el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, impugnando el acuerdo que aprobaba la municipalización del servicio de limpieza. En este recurso, también solicitó la suspensión cautelar del expediente. Según el artículo 117.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015), si no se recibe una resolución expresa en un plazo de un mes, se entiende que la ejecución del acto impugnado queda suspendida automáticamente.
Transcurrido más de un mes sin que la administración haya notificado resolución alguna, el presidente de la Brigadas entiende que la suspensión del acto impugnado es efectiva. Basándose en el artículo 24.4 de la misma ley, que establece que los actos administrativos producidos por silencio administrativo pueden acreditarse por cualquier medio, incluyendo un certificado expedido por la administración, Mohamed ha solicitado oficialmente dicho certificado a la Secretaría General de la Ciudad de Ceuta.
En su solicitud, Mohamed enfatiza que la existencia del silencio administrativo debe ser reconocida oficialmente por la administración. Este reconocimiento es crucial para garantizar la legalidad del proceso y evitar la ejecución de un acuerdo que, según el solicitante, está “suspendido”. La petición subraya la necesidad de que la administración expida el certificado de silencio administrativo en un plazo de quince días, conforme a lo dispuesto por la ley.