La 'inminente' sectorial de Infancia y Adolescencia, sin fecha ni previsión
El pasado mes de abril, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, visitaba la Ciudad Autónoma de Ceuta. El objetivo era abordar la crisis en relación a los menores transfronterizos, que supera con creces la capacidad de acogida de la ciudad. Tanto Canarias como Ceuta reclaman la puesta en marcha del mecanismo que permite, entre otras cosas, una distribución de menores como consecuencia de una situación de colapso.
Pérez anunciaba, entonces, la convocatoria "inminente" de una conferencia sectorial para abordar el asunto, habida cuenta de la situación especialmente compleja tanto en el archipiélago como en la Ciudad Autónoma. De lo que entendamos por "inminente" depende, pues, la celebración de esa conferencia.
El caso es que hasta la Real Academia Española de la Lengua es ambigua en este asunto. La que 'limpia, fija y da esplendor' define inminente como "que amenaza o está para suceder prontamente". Pero más allá de detalles sobre qué es y no inminente, hay que aclarar algunas cuestiones.
De entrada, que en Ceuta en estos momentos tenemos 291 menores, según fuentes municipales. El último listado al qué tuvimos acceso hablaba de 300, pero esto no significa que hayan salido 9 "sino que muchos han accedido a la mayoría de edad", aclaran dichas fuentes.
Mientras, desde la Ciudad Autónoma se espera la convocatoria. De hecho, aclaran fuentes gubernamentales, la Consejería de Presidencia y Gobernación -de la que es titular Alberto Gaitán y que detenta las competencias en materia de menores- ha contactado en varias ocasiones con el Ministerio de Juventud e Infancia. "Lo que transmitieron es que se iba a convocar pero por cuestiones de agenda de la ministra se tuvo que posponer, pero existe por nuestra parte el máximo interés" en que se convoque por parte de la ministra, Sira Rego.
En cualquier caso, desde el Ejecutivo local se reitera, también y por otra parte, el apoyo "a la modificación de la Ley de Extranjería para hacer que esa derivación sea de obligado cumplimiento por las autonomías de destino. Para hacerlo obligatorio requiere un cambio normativo, y eso es lo que se propone a través de Comisión Interministerial para determinar un texto que se tramitará en las Cortes presidente ya le manifestó al ministro que se contaría con su apoyo para esto, lógicamente".