El Gobierno dice que no son tránsfugas, pero el Pacto Antitransfuguismo que firmó el PP dice que sí
En apariencia, Vivas estaría incumpliendo el documento suscrito por su partido en el ámbito nacional y con extensión a todos los Ayuntamientos y entes autonómicos al mantener a Rahal en el Puerto en representación de la Ciudad. Además, el articulado del Pacto deja taxativamente claro que el Grupo Parlamentario Socialista no tendría que ver mermada su asignación económica por la exclusión de dos de sus miembros, algo que el Gobierno ya ha advertido a los socialistas
El Gobierno de la Ciudad Autónoma se ha esforzado en la última semana en negar que los dos ya ex diputados socialistas, Navil Rahal y Fidda Mustafa, sean tránsfugas. Al PSOE por boca de la Gestora le faltó tiempo para calificarlos así una vez, el pasado miércoles, 15 de mayo, ambos rompieron la disciplina de voto que había marcado la propia Gestora y apoyaron el expediente de modificación de crédito que llevó a Pleno el Gobierno del PP, cuando el resto de su grupo votaba en contra. En cambio, desde entonces, desde el Gobierno y desde el propio PP, ese mismo día a través de un comunicado, se negaba la mayor, que ambos fueran lo que se dice un tránsfuga. El último en negarlo fue el propio portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, que dio incluso una larga explicación para justificar que ambos socialistas no son tránsfugas. Pero a pesar de todo ello, el literal del Pacto Antitransfuguismo que rubricó el Partido Popular, en su última versión en 2020, no deja lugar a dudas y los encaja como tránsfugas.
Y el pacto tiene otra derivada más, el propio presidente Vivas, estaría incumpliendo el acuerdo al mantener a Navil Rahal como miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Y un apunte más antes de entrar en la literalidad del acuerdo y repasar lo que se ha escrito y dicho hasta la fecha, en realidad, los diputados no adscritos durante la pasada legislatura, tras apartarse de VOX, José María Rodríguez y Mari Carmen Vázquez, estarían también más cerca de ser tránsfugas que de no serlo, y la importancia está en que si lo fueron, ningún partido de los que suscribieron el pacto (PSOE y PP) debería haber apoyado ninguna de sus propuestas presentadas al Pleno, ya como no adscritos, durante el resto de la legislatura. Como lo hicieron, se deduce que también lo habrían incumplido. Alejandro Ramírez dijo este martes que ni Rahal ni Mustafa podían ser considerados tránsfugas: “En el Gobierno en primer lugar creemos que la situación tanto de Rahal como de Mustafa no se puede calificar de transfuguismo. No estamos de acuerdo con la acusación que hace el PSOE”. Su argumento para negar que sean tránsfugas: “No se han ido a ningún otro partido. Sus votos no han cambiado un presidente, tampoco han servido a una moción de censura. Votaron a favor del cambio presupuestario sin pedir o solicitar nada a cambio y el Gobierno sigue en minoría”.
Conviene confrontar lo dicho por Ramírez con lo que dice el acuerdo suscrito por 16 partidos, entre ellos el Popular. En su artículo primero: “A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”. Sólo con esto ya no cabría demasiada duda. Se apartaron del criterio fijado por el órgano competente en el PSOE de Ceuta ahora mismo, la Gestora, que en la tarde del martes antes del Pleno aprobó por unanimidad votar en contra del cambio en el presupuesto. Y, salvo que el PP maneje una información distinta, ambos concurrieron a las elecciones y fueron elegidos por la lista del PSOE. Pero aún así si hubiera dudas, tras ese párrafo, se añade otro en el que explica que para ser tránsfuga alcanza con que se separe o sea expulsada de la disciplina del partido político que lo propuso en su candidatura. Y a mayores añade: “Cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso (en la candidatura electoral) quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”.
Dicho de otro modo, la redacción del Pacto al que se comprometieron casi todos los partidos políticos niega cualquier posibilidad interpretativa fuera de las filas del partido en el que surja el problema. Tránsfuga es quien diga que lo es el partido que lo incluyó en la lista. Punto. No cabría seguir discutiendo, lo normal es que en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto, que debería celebrarse en junio, el PSOE, incluyera en la lista a Rahal y Mustafa, disipando toda duda al respecto y cerrando la puerta al debate que está generando el PP al poner en duda su condición de tránsfugas.
Consecuencias prácticas
Bajo esa premisa que está discutiendo el Gobierno y el Partido Popular, que ponen en cuestión que Rahal y Mustafa sean tránsfugas, el Pacto añade articulado de carácter práctico. Desde la semana pasada han surgido dudas sobre si el PSOE al pasar de 6 a 4 miembros podría perder algunos de los beneficios que tiene atribuido como Grupo Parlamentario al ver mermada su composición numérica. Algo que el PP no aplicó ni a VOX la pasada legislatura. A las dudas se ha sumado una advertencia verbal, que según el actual líder del PSOE, Melchor León, les habría realizado este mismo martes, el director General de Economía y Hacienda, Juan Manuel de la Torre, en el sentido de que tendrían que reducirle la asignación económica con la que el Grupo Socialista paga a sus asesores.
El Pacto es tajante en ese sentido: Ni los concejales que pasen a ser no adscritos pueden obtener ningún tipo de ventaja o mejora en su situación institucional ni el Grupo Político al que pertenecían ver mermadas las mismas. “En cuando a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor de la persona no adscrita; toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún concepto a la persona tránsfuga no adscrita, ni en su importe fijo, ni en su componente variable por razón del número de personas electas. Asimismo, el grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones económicas y administrativas que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad”, recoge el punto d del segundo artículo del Pacto Antitransfuguismo.
Y abunda: “De igual forma, el grupo político o parlamentario que haya visto reducidos sus integrantes en caso de transfuguismo no se verá afectado por las reglas establecidas para su disolución por reducción de miembros, computándoos a tal efecto el número de personas electas que le corresponda según el resultado electoral, y no el de personas efectivamente integrantes del mismo tras el episodio de transfuguismo”.
El Consejo de Administración del Puerto
Pero hay una derivada aún más interesante que el mero debate político sobre qué es un tránsfuga. Tras expulsarlos del Grupo Parlamentario y en el caso de Rahal del partido en una ejecución exprés realizada desde la calle Ferraz, el siguiente paso fue sacarlos de todos los consejos de administración y organismos rectores de las sociedades municipales, organismos autónomos y demás entramado de la Ciudad en los que estaban nombrados para representar al partido. De todos los lugares, salvo uno, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Uno de los pocos consejos de administración que conlleva remuneración.
La razón es que el PSOE no tiene la potestad para sacar a Rahal de ese órgano. La tiene el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, como recordó el propio Ramírez este mismo martes: “Es potestad del presidente de la Ciudad esos nombramientos. No es una opción que propongan los diferentes grupos políticos. Y el presidente de la Ciudad no va a realizar ningún cambio”, aseveró Ramírez preguntado de forma expresa por el Puerto y la situación de Rahal.
Más allá de definir qué es o qué no es un tránsfuga, el acuerdo suscrito por el Partido Popular recoge medidas concretas a aplicar para evitar que cualquier tránsfuga obtenga beneficio de su traición. El punto tercero del acuerdo se dedica por ejemplo a marcar el camino a la destitución en el Senado o en las Diputaciones Provinciales de aquellos que habiendo sido propuestos para ambas cámaras por una autonomía o un ayuntamiento hubieran caído en el transfuguismo.
Ese punto tercero del Pacto es uno de los que más cambios ha sufrido de la versión de 2007 a la de 2020. En la de 2007 rezaba así: “Finalmente, se comprometen a no nombrar a los concejales tránsfugas representantes del Ayuntamiento en Entidades Empresariales o Financieras, Fundaciones, Cajas, y demás entidades de las que el Ayuntamiento toma parte”, recogía. Ahora en su lugar, dentro del artículo dos, se ha añadido un último párrafo que parece ser heredero directo de ese anterior remate del artículo tercero:
“Cuando una persona sea declarada tránsfuga en una institución, tendrá dicha condición en el resto de instituciones públicas y privadas de designación indirecta, dependientes o designadas en representación de la institución en las que participe, y no serán nombradas por las fuerzas firmantes en ninguna otra”. Traducido, si Rahal es tránsfuga a todos los efectos, Vivas no debería mantenerlo en el Consejo de Administración del Puerto si pretende cumplir con lo firmado por su partido en este Pacto Antitransfuguismo. Dado que Rahal sería considerado “tránsfuga” también en el Puerto.