El Pleno de la Asamblea ha aprobado este jueves la cuenta general de la Ciudad Autónoma referida al año 2023. Lo ha hecho de forma exprés, casi sin debate alguno, y sin que mediara reproche alguno por parte de los grupos de la “oposición” a la consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital, Kissy Chandiramani, responsable última de la caja.
PSOE y MDyC han declinado intervenir en el debate. El portavoz de VOX, Juan Sergio Redondo, se ha limitado a decir que su grupo iba a votar que no “por coherencia con nuestra posición sobre los presupuestos”. Y desde Ceuta Ya! se ha optado por la abstención explicando que consideran que se trata de un documento de carácter técnico.
Las cuentas que cualquiera podrá ver en la web de la ciudad, por muy técnicas que sean, sí dejan a la vista algunas cuestiones sobre la gestión de los recursos públicos que parece que la oposición o no ha visto o no ha querido ver o no ha tenido tiempo para verlo, o tal vez técnico alguno.
Por ejemplo, durante los últimos 18 meses, aproximadamente desde que Juan Vivas torciera la última campaña por la Presidencia de la Ciudad anunciando que se plantearía recuperar la gestión directa del servicio de recogida de basura y limpieza viaria ha sido materia nuclear del debate público el coste del servicio. El Gobierno recogió en documentos varios y defendió en público por boca de consejero responsable, Alejandro Ramírez, o el propio Presidente de la ciudad, Juan Vivas, defendieron que el servicio se iba a encarecer por un refuerzo necesario para mejorarlo, pero que se iría a los aproximadamente 30 millones de euros al año. Pues bien, ya en 2023, el coste que se imputa en la cuenta general al servicio rozó los 32 millones de euros (31,89 millones).
Son 357 euros por ceutí y rozan el 8,5 por ciento del presupuesto total de toda la Ciudad Autónoma incluidas las sociedades. Pero fundamentalmente supone de facto que la municipalización no va a costar 30 millones sino más. Tanto así que por más que en los presupuestos se disfrazara de otro modo, el Gobierno reconoce en esas cuentas que lo presupuestado para estos servicios más allá del contrato de Trace ascendía a 35 millones.
Y si de esos servicios presupuestos se ejecutaron casi 31 y se sobrepasó el 90 por ciento de lo ejecutado, es una excepción, lo normal es que la Administración Local se quede muy lejos en los servicios de gastar lo que había previsto. Puede ser bueno en según que cosas o puede ser malo, como por ejemplo en políticas de Vivienda, en una ciudad con carencias notables en esta materia, precios del alquiler en clara ascensión hacia lo desorbitado y la escasez habitual, endémica y estructural, la Ciudad reconoce en ese documento que había para esas políticas previsto 12,4 millones de euros de los que apenas se ejecutaron 4,1, el 33 por ciento de lo presupuestado.
Nadie en la oposición consideró necesario pedir aclaración alguna por esto. A pesar de que por ejemplo, MDyC, socio del Gobierno, incluyó como prerrogativa para comprometer su apoyo inversiones en esta materia.
VOX lleva este viernes una interpelación sobre el gasto en menores que está llevando a cabo la Ciudad, lo hará con la previsible cantinela de que es excesivo. Tal vez podrían ahorrarse la pregunta. En los documentos de ese expediente viene recogido lo que se gastó la Ciudad en los menores que tutela en 2023: Fueron 13,3 millones de euros. Toda la política de ayudas sociales ascendió a 16,9 millones. Aunque de forma contradictoria en el mismo documento se recoge que para el programa denominado Menores (que no incluirá todos los gastos) se había presupuestado cerca de 10 millones y se gastaron finalmente casi 4 (39 por ciento de ejecución).
Ni Policía Local ni Bomberos llegan a consumir el 50 por ciento del dinero presupuestado. A pesar de que la Policía Local consumió 20,5 millones de euros siendo uno de los servicios tras el de la limpieza más cuantiosos de los que pagan los ceutíes con su dinero público.
En esa memoria del coste de los servicios que figura en la cuenta general, se computan 5,2 millones de deuda, pero si se mira los cuadros del activo y el pasivo en realidad las deudas se han disparado en 2023. La deuda con acreedores pasó por poner un solo ejemplo de 17,6 millones en 2022 a 74,8 millones al cierre de 2023. Y mientras se recortó la deuda a largo plazo aumento de forma considerable la del corto plazo. Tampoco mereció reproche alguno por parte de los grupos de la oposición.
Eso sí, tampoco existe reproche alguno por parte de Intervención que al computar todos estos datos y pasarlos por el tamiz de los cocientes y fórmulas matemáticas que sirven para medir el estado de las cuentas públicas apreció mejoras notables en las cuentas de la ciudad en los indicadores que sirven para establecer cuál es la salud de las mismas. Según Intervención y por no caer en cuestiones demasiado técnicas, la Ciudad Autónoma es algo más solvente al cierre de 2023 que al de 2022.
