CSIF ha denunciado que la consejera de Hacienda, responsable del área de Recursos Humanos, les ha vuelto a sorprender con lo que consideran es una absoluta falta de respeto hacia los trabajadores y sus representantes.
La central sindical ha afirmado que no solo ha ignorado las reivindicaciones de los trabajadores e incumplido sus compromisos con ellos, dejando de lado mesa tras mesa la negociación de las bases de los procesos de estabilidad laboral pendientes desde hace un año, sino que además ha realizado convocatorias para la cobertura de puestos de trabajo que “se saltan todos los preceptos legales habidos y por haber”, con una falta absoluta de respeto a la ley, a los reglamentos y a las normas que la propia administración de la Ciudad se ha impuesto, según estima CSFI
Prueba de ello, dicen, es la última ocurrencia de la Consejería, que pretende establecer un procedimiento “inventado” de cobertura de puestos vulnerando presuntamente una sentencia reciente y el dictamen del Consejo de Estado.
Con respecto al borrador del Presupuesto, el sindicato ha señalado que vuelven a repetir los abusos y la falta de claridad y transparencia de los dos últimos años proporcionando a las centrales documentación insuficiente, manipulada y sin tiempo para analizarla.
Manipulada, reiteran, en cuanto a que refleja al menos 11 partidas de nueva creación por el importe de 1€, lo que constata la intención de gobierno de modificar a posteriori estructuras y partidas sin comunicar previamente dichas variaciones. Documentación insuficiente ya que no les proporcionan, como vienen denunciando año tras año. Documentación necesaria para valorar y negociar, como la memoria de personal y de planes de empleo, información sobre incrementos, detrimentos y motivación de los mismos, presupuestos por programas, capítulos I de organismos autónomos o estados de ejecución.
Para CSIF “es insostenible la situación y la deriva fraudulenta de este Gobierno” y es por ello que, han decidido no ser cómplices de las constantes irregularidades que aseguran, les obligan día a día a emprender acciones judiciales en pos de garantizar los derechos y libertades de los trabajadores de la Ciudad.
