No sólo el último asalto a la valla; también las consecuencias de la expulsión masiva de los participantes en la misma han tenido repercusiones mucho más allá de Ceuta. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia e Igualdad, Carmen Calvo, ha defendido la decisión gubernamental de activar el acuerdo con Marruecos "ante la violencia inaceptable" ejercida por los 116 subsaharianos.
Calvo niega que el Gobierno haya variado su política migratoria, pero "esta no es una manera aceptable, no es forma de tratar a nuestro país, de modo violento". La vicepresidenta ha confirmado que todos los migrantes "tuvieron asistencia letrada", y que "ninguno solicitó asilo político".
La controversia ha llegado, incluso, al tablero de la política comunitaria. En el día en que el Gobierno de Italia ha amenazado con dejar de pagar su contribución al presupuesto de la Unión si no se alcanza un acuerdo sobre inmigración, su controvertido ministro de Interior, Matteo Salvini, se ha referido a Ceuta. El lider de la Lega Norte ha lamentado en Twitter el "doble rasero" con el que, según el, se trata a un país u otro. "Después de haber superado la frontera española en Ceuta y agredido a los agentes, estos señores fueron enviados de vuelta a Marruecos gracias a un acuerdo de hace 20 años", señaló el político milanés para lamentar a continuación que "si lo hace España no pasa nada, pero si lo hago yo me llaman fascista, racista e inhumano"
