El Gobierno de la Ciudad ha sacado adelante, con los votos favorables del Partido Popular, un expediente de modificación de crédito por importe de 16,2 millones de euros que permitirá, entre otras cosas, crear un Plan de Comunicación y Publicidad Institucional -dejando libertad en este sentido a las Consejerías-, asumir el coste del traslado de enfermos oncológicos a la península, mantener el convenio con la Universidad de Málaga para trabajar con los MENA y el premio de jubilación anticipada.
La primera polémica llegó cuando se negó la intervención a José María Mas, diputado del PSOE. A instancias de otros grupos -MDyC-, el presidente de la Ciudad interpretó que los socialistas no debían participar del debate si no habían presentado alegaciones. Tomó, pues, el relevo Juan Luis Aróstegui, que acusó al Ejecutivo de estar troceando Ceuta y de permitir que algunos ciudadanos vivan “resbalando sobre mármol y otros pisando arena”, en relación a la infravivienda. En ese sentido, el debate se agrió cuando la consejera de Economía reprochó a Aróstegui un comentario sobre la Comunidad Hindú.
Comentario que, según Aróstegui, no deja en buen lugar a la propia Chandiramani. A partir de ahí, volvió el debate sobre la convivencia o el calendario laboral.
Por otra parte, Fátima Hamed defendió sus enmiendas en nombre del MDyC, pidiendo que el Gobierno eluda la “burrocracia” de la función pública, principalmente en el área de Asuntos Sociales.
Javier Varga centró sus críticas en el oscurantismo en el que se mueve el Gobierno. El portavoz de Ciudadanos habló, por ejemplo, de la falta de precisión en el capítulo de gastos de representación, que pide asuma directamente el presidente.
Chandiramani no perdió la ocasión, entonces, de recordar a Varga que actos como la recepción a Albert Rivera también se enmarcan en “gastos de representación”, difíciles de prever con meses de antelación, según la consejera.
La oposición, con una sola ausencia, votó en bloque en contra.
