Ciudadanos ha cuestionado la situación de INGESA y la falta de especialistas en diferente servicio, entre cuyas razones han razonado que se encuentra la ausencia de acreditación en la Formación Sanitaria.
La consejera competente, Adela Nieto, ha señalado que esta acreditación es competencia, no de la Ciudad, sino del Ministerio de Sanidad, que está realizando las gestiones necesarias para implementarlo.
En su segunda intervención Javier Varga ha realizado diversas cuestiones relativas a los empadronamientos fraudulentos con diferentes cifras de bajas que superarían las 1.500 a final de año, doblando la cantidad del año anterior, lo que a juicio de Ciudadanos significa que existen numerosos empadronamientos fraudulentos.
Jacob Hachuel ha corregido los datos de Ciudadanos, estimando las bajas por empadronamiento fraudulento en alrededor de 640 y ha respondido a Ciudadanos que no se le puede negar a una persona el empadronamiento en un domicilio si los documentos que presenta están en regla, aunque ha reconocido que sería útil una normativa sancionadora.
Ciudadanos calcula que una cuarta parte de los empadronamientos en la ciudad son fraudulentos y han pedido que se informatice el padrón para controlar estos muchos casos, además de plantear qué consecuencias tienen estos fraudes y exigir responsabilidades.
