El Pueblo de Ceuta ha comunicado que en el auto emitido por el magistrado Antonio José Pastor se da una fuerte reprimenda a los sindicatos denunciantes al señalar que "aun cuando hipotéticamente pueda pensarse que la encomienda de gestión a TRAGSA adolezca de vicios o defectos de forma, nada impide a los denunciantes hacer uso del planteamiento de nulidad que recogen los artículos 39 y siguientes del RDL 3/2011 de 14.11, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público legitimando a toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados”.
Algo que "evidentemente -señala el juez- no se ha hecho acudiendo a la vía penal cuando ésta debería ser la última ratio antes de resolver asuntos con un carácter eminentemente administrativo o por qué no decirlo, político". En este sentido, el juez advierte que "lo que desemboca sin dudas en una 'judicialización de la política' ”innecesaria e inútil".
"Pero es que tampoco se acredita que los denunciantes hicieran uso de la posibilidad de recabar mensualmente del Director de la actuación el desarrollo de los trabajos encomendados, en base al artículo 4.6 del citado tantas veces Real Decreto", señala el auto.
