A pesar de que la investigación judicial comenzó prácticamente con el estallido del escándalo, a mediados de 2015, no cabe duda de que en el “Caso EMVICESA” hay un antes y un después del 14 de febrero de 2017. Se producía entonces la primera detención, la de un hombre que había sido gerente en la sociedad municipal, viceconsejero de Vivienda y diputado autonómico: Antonio Javier López Fernández. López fue el primero de los cuatro detenidos por un presunto delito de cohecho que ingresó en prisión preventiva, siendo el único que permanece en esa condición casi un año después.
Una situación que podría variar rozando, precisamente, el primer aniversario. La defensa de Antonio López ya ha presentado la documentación para hacer frente a la fianza de 300.000 euros impuesta por la Audiencia el pasado 26 de enero. En este sentido, hay que tener en cuenta dos particularidades: López tiene embargado todo su patrimonio, por lo que ha tenido que recurrir a amigos y familiares. Y lo segundo: no suele ser habitual que estas fianzas se abonen en efectivo, sino con escrituras de propiedades e inmuebles. Ello dilata más el proceso, puesto que ahora la magistrada tiene que examinar cuestiones como la suma del valor de los inmuebles o que ninguno esté sometido a embargo o investigación judicial. No sería descabellado, pues, barajar la hipótesis de que López pueda ser puesto en libertad el mismo día en que se cumpla un año de su detención.
Todo ello en una semana en la que la juez Lucini ha retomado las declaraciones. Se trata de las suspendidas a finales del pasado mes de enero como consecuencia del temporal de levante que dejó incomunicada a Ceuta. Entre las personas que han prestado declaración, uno de los policías coautor de un informe sobre el patrimonio del ex viceconsejero -en cuyo contenido se ha ratificado- , una técnico municipal y la consejera de Economía y Hacienda y ex gerente de EMVICESA, Kissy Chandiramani. Todos en calidad de testigos. En relación a la declaración de la edil autonómica, esta ha sido preguntada por el papel de la Comisión Local de la Vivienda y la posterior adjudicación de la promoción de viviendas.
Según ha podido saber Ceuta Televisión de fuentes jurídicas, la consejera ha explicado toda la gestión desarrollada desde que a mediados de julio de 2015 se hizo cargo de la gerencia de la sociedad municipal hasta la entrega de llaves de la promoción. Tanto ella como la técnico, María José Cariñanos, se han ratificado en que la Comisión Local de la Vivienda si era competente en base al acuerdo marco suscrito con el Ministerio de Vivienda en 2007 y han detallado el procedimiento (elaboración de una nueva lista, rebaremación y entrega de las casas mediante sorteo) iniciado desde después de la publicación de la denominada lista fantasma.
