La situación del servicio de limpieza pública viaria se ha convertido en uno de los asuntos de la última semana después de que el portavoz del Gobierno confirmara el pasado viernes que se está tratando de rescindir el contrato con TRACE. Para Caballas, “el Gobierno ha entrado en convulsión” y pretende resolver “en 15 días lo que no ha hecho en cuatro años y medio” ante el temor a la factura que este problema le pueda pasar en las urnas.
El Ejecutivo, ha explicado Juan Luis Aróstegui, pretende ahora llegar a una solución “pacífica”, “de mutuo acuerdo”, que según el diputado de Caballas no es posible ya que para poder aspirar a la misma es necesario que se demuestre que no hay incumplimientos, algo imposible puesto que ya hay al menos un expediente sancionador.
La otra opción, que los localistas denunciaban este lunes, es la que pasa por una venta del contrato, una figura legalmente contemplada y que ya se ha empleado en los últimos tiempos en este mismo servicio.
Los localistas han lamentado el incumplimiento del Gobierno del acuerdo plenario por el que se estableció que los servicios técnicos realizaran una auditoria en los aspectos funcional, técnico y económico que pasaría por la Comisión Informativa de Medio Ambiente para analizar la realidad del servicio. Una auditoria de la que nada se sabe, han explicado, subrayando que a día de hoy el Ejecutivo no sabe si cumple o no el pliego, el coste del servicio, si la empresa tiene beneficios o pérdidas y otras cuestiones que son fundamentales para los localistas en un contrato que, han asegurado, supone cerca de 19 millones anuales.
