jueves. 25.04.2024

 

Los sindicatos CSIF, CCOO y Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones han denunciado, este lunes, tan solo dos horas antes de la inauguración oficial del nuevo Centro Penitenciario, un “ataque contra la libertad sindical” por parte del Gobierno, al prohibir una concentración pacífica de los funcionarios de prisiones en dicho evento, bajo el argumento del incumplimiento de plazos.

 

La misma concentración se ha autorizado un día después, aun sin cumplir ese día los pretendidos plazos, por lo que, según Jose María Raya, delegado de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, el verdadero motivo es “evitar la repercusión nacional de la concentración”.

 

El motivo de esta concentración es denunciar la falta total de recursos con los que se va a abrir la nueva prisión, la falta de información que están viviendo los funcionarios y la clasificación del nuevo Centro que, al ser un Centro Tipo, debería tener una clasificación de 1.1, al igual que el resto de Centros Tipos de España, sin embargo está calificado en nivel 2.2, manteniendo la misma categoría los Rosales.

 

“El único conocimiento que tenemos es que el director ha denegado los permisos a los funcionarios a partir del 6 de noviembre”, esta ha sido la afirmación de Agustina Frontaura, representante sindical de los funcionarios de prisiones en Comisiones Obreras, sobre la desinformación sobre la apertura de la nueva cárcel que estan viviendo los trabajadores.

 

Los sindicatos han denunciado también el “trato denigrante” que se está dando a los funcionarios en prácticas y la apertura de expedientes disciplinarios a algunos delegados sindicales y miembros de la junta de personal que “resultan muy incómodos a la administración”.

 

Otra queja de los sindicatos ha sido la negativa por parte de Ángel Yuste, secretario de Instituciones Penitenciarias a reunirse con ellos, delegando está reunión en la subdirectora general de Relaciones Institucionales.

 

Por todo ello, han exigido la incorporación de 100 funcionarios para la apertura del nuevo Centro Penitenciario, la información y formación a los funcionarios y el cambio de clasificación de la nueva prisión.

 

Los sindicatos de prisiones denuncian “un ataque a la libertad sindical”