La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela ha decidido este lunes dejar en libertad con cargos al mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero pero imponiéndole fuertes medidas cautelares, en concreto, Lamela ha determinado que Trapero deberá presentarse cada 15 días en el juzgado más cercano a su domicilio y le ha retirado el pasaporte, igualmente ha establecido la prohibición de que salga de España. Esta decisión ha llegado después de que en la mañana de este lunes la Fiscalía de la Audiencia solicitara prisión incondicional sin fianza. La magistrada considera a Trapero responsable de la inacción de los Mossos a la hora de evitar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
Entretanto, este mismo lunes el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respondido por carta al requerimiento realizado por el Consejo de Ministros con el fin de que aclarara si había declarado o no la independencia el pasado martes. Una misiva en la que Puigdemont se ha limitado a defender la senda del diálogo y recordar que dejó en suspensión la declaración de independencia para tratar de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo central en el plazo de dos meses.
Esta respuesta no ha satisfecho al Gobierno de la Nación que por boca de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lamentado que el president haya decidido no contestar al requerimiento realizado el pasado miércoles. La vicepresidenta ha subrayado que “no era muy difícil decir sí o no” y ha asegurado que “en un tema tan importante como este solo se le pedía claridad”. A partir de este momento, ha continuado Sáenz de Santamaría, se pone en marcha la segunda fase, que finalizará este jueves, en la que Puigdemont debe revocar la declaración para evitar la aplicación de las medidas previstas en el artículo 155 de la Constitución. Un artículo, ha insistido la vicepresidenta del Gobierno, que “no es para suspender el autogobierno, sino para que este se ejercite dentro de la legalidad”.