El Sindicato Médico sigue expresando su máxima repulsa y condena ante estos hechos, y lamentan que si no se toman medidas urgentes la Sanidad se resentirá gravemente.
Y no siendo lo anterior suficiente como para desmoralizar y socavar el buen hacer del profesional, comienza la segunda parte, dice el Sinficato, que representa, un nuevo calvario para interponer la denuncia correspondiente además de la sensación de desamparo por parte de nuestros responsables sanitarios.
El pasado 5 de julio se presentó en Madrid por parte de los Ministros de Interior y Sanidad, en respuesta al compromiso contraído con la Organización Médica Colegial, la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Estado, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud.
Dicho protocolo de actuación incluye medidas preventivas, asistenciales, investigativas, formativas e informativas, con el objetivo de combatir este fenómeno y generar confianza en las víctimas a la hora de denunciar. Se introduce la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, como cauce de comunicación entre los cuerpos policiales y los responsables de los centros sanitarios.
Los representantes sindicales se pregunta: “¿Dónde están plasmadas esas buenas intenciones, además de en papel?
Todo lo anterior hace que se reafirmen al exigir a INGESA que active con urgencia todo tipo de medidas preventivas para que los trabajadores del sistema sanitario, que son los de más riesgo de sufrir agresiones, puedan trabajar en un entorno seguro en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, porque dicen, nos resistimos firmemente a tener que esperar a que cualquier día tengamos que lamentar una desgracia fatal e irreversible, para que las autoridades se decidan a tomar medidas y las lleven al plano práctico y real.
