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Lunes, 20 de agosto de 2018
Juanjo Coronado
Sábado, 12 de agosto de 2017
CASO EMVICESA

La instrucción del caso EMVICESA está "casi conclusa", según el último auto firmado por la juez Lucini

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La última petición de libertad de Antonio López ha sido, como las anteriores, denegada. Sin embargo, en el último escrito se da por "casi conclusa" la instrucción del sumario del caso, que comenzara hace un par de años tras la denuncia presentada por la Ciudad Autónoma y varios adjudicatarios de la denominada "lista fantasma". El criterio de "alarma social" también ha sido esgrimido por la juez Raquel Lucini para mantener a López en prisión

 

 

La instrucción del 'Caso EMVICESA' está  "casi conclusa". Así lo afirma la juez responsable de este proceso, Raquel Lucini, en el último escrito denegando la excarcelación del, hasta ahora, principal 'cabecilla', Antonio López. La magistrada señala textualmente que "atendida la gravedad delos hechos y las penas señaladas en el Código Penal para dichos delitos -de los que se acusa a López- y toda vez que la instrucción de la presente causa está casi conclusa" procede el mantenimiento de la prisión provisional del ex viceconsejero de Vivienda.

 

La relación 'tiempo-espacio' también es usada por Lucini cuando destaca que "dado lo avanzado de la instrucción, junto con la concurrencia de los indicios, han de ser manejados el peligro de fuga y posible ocultación por las penas que en su día pudieran imponerse", y recuerda que el otrora diputado autonómico ha tenido una "participación más que indiciaria" en delitos como prevaricación, malversación de caudal público, organización criminal, cohecho, falsedad y tráfico de influencias. Esto dió lugar a que se acordara la prisión provisional y los citados motivos siguen vigentes, al entender de la magistrada. Es más, ante el poco tiempo transcurrido entre este recurso y el penúltimo, presentado el 6 de julio, la magistrada entiende que "se mantiene incólume" el listado de riesgos analizados para la privación de libertad. Textualmente, la jueza define los hechos como "tremendos, de tanta alarma social y de consecuencias penales (en cuanto a la pena se refiere) tan graves, que unido a la posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia por la capacidad económica, hacen no solo aconsejable sino justificada la prisión del investigado".

 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone un periodo máximo de dos años hasta que se celebre el juicio. Si transcurrido ese tiempo no hubiese comenzado a juzgarse el hecho concreto, el detenido quedaría automáticamente en libertad. Si luego resultase condenado a cárcel, se le descontaría de la condena final el tiempo que haya pasado preventivamente en prisión. López, detenido el 14 de febrero, ingresó en el Centro Penitenciario de Los Rosales veinticuatro horas más tarde, siendo trasladado a El Puerto de Santa María a medidados de marzo.

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