Será a las diez de la mañana del próximo viernes, 12 de mayo, cuando Antonio López vuelva a prestar declaración ante la juez Raquel Lucini. Muy probablemente, para ese momento aún no se haya resuelto la petición de libertad provisional tramitada por su defensa a principios del mes de abril. La causa, según ha podido saber Ceuta Televisión, son algunas objeciones de la Fiscalía, que cree que el ex viceconsejero de Vivienda podría destruir pruebas durante un hipotético periodo de libertad. Algo que se entiende como “exagerado" en el entorno de quien fuera gerente de la sociedad municipal, y que lleva desde el pasado mes de marzo en una prisión de El Puerto de Santa María.
Por otra parte, EMVICESA celebraba recientemente una Comisión Local de la Vivienda con las 317, de nuevo, como telón de fondo. En la misma se habló sobre un informe elevado por un trabajador de la empresa -que en estos momentos se halla en libertad con cargos- en relación a la concesión de una serie de viviendas a varias personas en la ya célebre promoción sin que estas estuvieran inscritas previamente como demandantes de vivienda. El motivo, según fuentes de toda solvencia, es variado: desde las personas desalojadas en Escuelas Prácticas hasta los pisos tutelados por entidades como ACEFEP o el CERMI, pasando por una vivienda derruida en la barriada Príncipe Alfonso por un error en el decreto de la Consejería de Fomento o dos viviendas -legales- que hubieron de ser derruidas del cementerio musulmán, y con cuyos inquilinos se llegó al acuerdo por parte de EMVICESA para tener una vivienda como contraprestación en las 317.
También figuran como adjudicatarias varias mujeres, a instancias del Centro Asesor de la Mujer. El motivo es que han sufrido, dicen las mencionadas fuentes, violencia de género y han abandonado sus viviendas, por lo que no figuraban como demandantes de casa. Todo esto ha sido recogido en un informe enviado por la Ciudad Autónoma de Ceuta tanto al Cuerpo Nacional de Policía como a la propia jueza Lucini
