Esta madrugada, un grupo de unas 250 personas ha intentado acercarse al doble vallado que separa Ceuta de Marruecos. Al menos, un joven ha conseguido trepar y sobrepasar el mismo, llegando a la Ciudad Autónoma de Ceuta. "Sin embargo, ha sido devuelto a Marruecos por la Guardia Civil" afirman varias asociaciones en un comunicado de prensa.
"Una vez más, la Frontera Sur vuelve a ser un espacio de no derecho para las personas migrantes y refugiadas" afirman las mencionadas asociaciones que encuentra, "especialmente preocupante" que las fuerzas de seguridad en la frontera no estén cumpliendo escrupulosamente la sentencia del Tribunal Constitucional, que analizó en su día la figura de los rechazos en frontera que contempla la actual Ley de Extranjería. Esta sentencia exige que haya identificación de las personas y poder ejercer el control judicial, entre otras condiciones. Las devoluciones en caliente no son legales.
"Continuamos teniendo un comportamiento del Ministerio del Interior no acorde a la legislación española y que no garantiza los derechos de las personas que pisan suelo español. Recordemos que la Convención de Ginebra prohíbe este tipo de prácticas ante la posibilidad de expulsar a personas en necesidad de protección sin realizar trámite alguno" afirman 'Elin', la Federación Andalucía Acoge, 'Maakum' y 'No Name Kitchen'
"Es injustificable que España expulse a seres humanos a Marruecos, país que vulnera sistemáticamente sus derechos, les persigue, les criminaliza y les condena a vivir escondidos. Es injustificable que estas devoluciones se hagan sin saber si serán perseguidos por motivos de orientación sexual, identidad de género, motivos políticos, o cualquier otra circunstancia recogida en el Estatuto de los Refugiados, motivos de persecución que merecen la protección que en cualquier otro país se les reconocería" apuntan en el comunicado.
Además, piden coherencia al Gobierno, "que se denomina progresista, y que criticaba al anterior Ejecutivo por estas devoluciones, comprometiéndose a eliminarlas". Sin embargo, estas prácticas ilegales se siguen produciendo en las vallas de Ceuta y Melilla desde hace más de una década con total impunidad. Denuncian, asimismo, que España no condicione su política exterior con el respeto a los derechos de las personas migrantes.
Como asociaciones defensoras de los Derechos Humanos presentes en Ceuta, "expresamos nuestra repulsa y exigimos al Gobierno que no siga realizando estas devoluciones que vulneran los Derechos Humanos y provocan daños irreversibles en las personas migrantes".
