El Gobierno se refiere a esta fórmula como “retorno voluntario” y coincide en su aplicación con el Partido Popular, que promete en su programa electoral “potenciar prioritariamente el retorno a sus hogares” de los menores. La intención declarada del Gobierno es ampliar la iniciativa a otras comunidades autónomas.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido que no se devolverá a jóvenes que no quieran regresar a Marruecos y que se analizará cada caso individualmente, pero tras conocerse la puesta en marcha de la iniciativa, las organizaciones que trabajan en la protección de los niños han exigido que se cumplan todas las garantías. La devolución de menores es prácticamente inexistente en España por las exigencias legales que requiere.
Varios miembros del Ejecutivo llevaron a Marruecos la propuesta, pero hasta octubre las autoridades marroquíes habían evitado colaborar. Ponían en duda, incluso, la procedencia de los niños, a pesar de que según el registro oficial, cerca del 70% de los más de 11.000 menores acogidos en España son marroquíes. Las negociaciones comenzaron a desengrasarse coincidiendo con el anuncio de la Unión Europea de entregar a Marruecos 140 millones de euros para implementar medidas que pusiesen freno a la inmigración. El 26 de febrero se produjo en Madrid la primera reunión de alto nivel con representantes de ambos países para iniciar los trámites.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado se ha opuesto a la medida que califica como “el intento de un Gobierno pretendidamente progresista de criminalizar” a los menores. “Pedimos a todas las formaciones políticas que paralicen inmediatamente esta medida, como así haremos nosotros ante la Fiscalía de Menores”.
La repatriación no es un proceso fácil y en el Gobierno se asume que esta será una medida principalmente simbólica que no resolverá los conflictos y el hacinamiento que se suceden en algunos centros de acogida.
